La matrícula de un curso completo en una universidad pública española puede suponer un gasto para las familias de entre 500 y 850 euros, según la titulación elegida, el número de asignaturas y de la comunidad autónoma donde esté radicado el centro. Pero además de estas variables, el precio final del curso puede reducirse significativamente, e incluso ser gratuito, si el estudiante se beneficia de algunas de las exenciones o deducciones en el pago de la matrícula que establecen las distintas universidades en nuestro país.
En pocos días se abrirán los plazos de matriculación en las distintas universidades españolas Aunque el coste de un curso académico en una universidad pública es significativamente inferior al de un centro privado, supone un gasto adicional para las familias superior al de otras etapas educativas anteriores. Anualmente, respetando los límites que establece la Conferencia General de Política Universitaria, las distintas comunidades autónomas fijan los precios públicos por estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales; estos precios, que se expresan en el coste de cada crédito universitario, pueden variar en función de la titulación cursada y de si la asignatura a la que corresponden los créditos se cursa en primera, segunda o tercera matrícula. Asimismo, además de estas tasas académicas, los estudiantes que se matriculan por primera vez en una universidad deberán abonar las cantidades correspondientes a los servicios administrativos, tales como la apertura de expediente académico, el carné universitario o el Seguro Escolar obligatorio para garantizar la asistencia en caso de accidente.
Lógicamente, no todas las familias pueden afrontar este gasto de la misma manera, por eso, y tal como establece la Ley Orgánica de Universidades, con el objeto de que nadie quede excluido del estudio en la universidad por razones económicas, además de la política de becas, ayudas y créditos a los estudiantes que se desarrollan tanto por parte del Estado como por las comunidades autónomas y las propias universidades, estas últimas deben aplicar distintas modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos por prestación de servicios académicos a diferentes colectivos.
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